La aprobación de la Ley del Tercer Sector en Catalunya no es solo una novedad jurídica. Es también una señal política e institucional importante: el tercer sector deja de ser visto únicamente como un conjunto disperso de entidades sociales y pasa a tener un marco propio de reconocimiento, interlocución y participación.

Para muchas fundaciones, asociaciones, cooperativas de iniciativa social y entidades sin ánimo de lucro, esto puede parecer lejano al principio. Una ley, unos órganos de diálogo, nuevos instrumentos de relación con la administración... Pero, en realidad, el cambio puede acabar afectando cuestiones muy concretas del día a día: cómo se documentan los servicios, cómo se justifica el impacto, cómo se preparan convenios, cómo se participa en espacios públicos o cómo se demuestra la solidez de una entidad ante financiadores y administraciones.

Por eso, más allá de leer la noticia, vale la pena hacerse una pregunta práctica: ¿qué debería revisar ahora una entidad social?

1. Revisar si la identidad de la entidad está bien definida

La nueva ley refuerza la idea del tercer sector como un actor con una función social propia. Esto hace que sea especialmente importante tener clara la identidad de la entidad: misión, valores, colectivos atendidos, ámbito de actuación y contribución social.

No se trata solo de tener unos estatutos correctos. Se trata de que la documentación interna, la comunicación pública, los proyectos y las memorias expliquen de forma coherente quién es la entidad y qué papel juega dentro del sector.

Algunas preguntas útiles serían:

• ¿La misión está actualizada y conectada con la actividad real?
• ¿Los proyectos responden claramente a los objetivos de la entidad?
• ¿Las memorias explican bien el valor social generado?
• ¿La documentación institucional es coherente entre sí?

Cuando una entidad tiene bien ordenada esta base, le resulta más fácil presentarse ante la administración, participar en convocatorias, construir alianzas y defender su papel en espacios de representación.

2. Ordenar la gobernanza y la toma de decisiones

Un marco legal más claro también pone más foco en la gobernanza. Patronatos, juntas directivas, asambleas, equipos técnicos y órganos de participación deben poder demostrar que la entidad funciona con criterios de responsabilidad, transparencia y trazabilidad.

Esto no significa burocratizarlo todo. Significa tener bien documentadas las decisiones importantes: aprobación de proyectos, presupuestos, cambios estratégicos, alianzas, relación con administraciones, criterios de intervención o gestión de riesgos.

En muchas entidades, esta información existe, pero está repartida entre actas, correos, carpetas personales, documentos compartidos y memoria oral. El reto es convertirla en conocimiento accesible para la organización.

Una buena práctica es revisar:

• actas y acuerdos de los órganos de gobierno;
• circuitos internos de aprobación;
• roles y responsabilidades;
• documentación de decisiones estratégicas;
• políticas internas de transparencia y cumplimiento.

Cuanto más clara sea la gobernanza, menos dependerá la entidad de personas concretas y más preparada estará para crecer, rendir cuentas y adaptarse a los cambios.

3. Conectar proyectos, datos e impacto social

La ley reconoce el valor público del tercer sector, pero ese valor debe poder explicarse. Y para explicarlo bien hacen falta datos, indicadores y evidencias.

Muchas entidades ya recogen información: personas atendidas, actividades realizadas, horas de dedicación, servicios prestados, perfiles de participantes, resultados obtenidos o necesidades detectadas. El problema es que a menudo esos datos no están conectados con una mirada global de impacto.

Ahora es un buen momento para revisar si cada proyecto dispone de un esquema mínimo de evaluación:

• qué problema social aborda;
• qué objetivos tiene;
• qué actividades desarrolla;
• qué personas o colectivos acompaña;
• qué indicadores mide;
• qué resultados puede demostrar;
• cómo contribuye a la misión de la entidad.

No hace falta empezar con sistemas complejos. Lo más importante es que la entidad pueda pasar de "hemos hecho muchas cosas" a "podemos explicar qué hemos hecho, por qué lo hemos hecho y qué cambio ha generado".

4. Revisar convenios, conciertos, subvenciones y servicios

Uno de los puntos relevantes del nuevo marco es la relación entre el tercer sector y la administración, especialmente en ámbitos como la acción concertada social, la gestión delegada o la participación en políticas públicas.

Esto hace recomendable revisar toda la documentación vinculada a servicios, convenios, subvenciones y contratos. No solo por cumplimiento formal, sino para entender mejor qué posición ocupa la entidad y qué compromisos asume.

Algunas cuestiones clave:

• ¿Qué servicios dependen de financiación pública?
• ¿Qué compromisos técnicos, económicos y documentales asume la entidad?
• ¿Las justificaciones están bien organizadas?
• ¿Se conservan evidencias suficientes de la actividad realizada?
• ¿Los indicadores exigidos por la administración coinciden con los indicadores internos?
• ¿Hay riesgos de dependencia excesiva de una única fuente de financiación?

Tener esta información ordenada ayuda a negociar mejor, justificar con menos tensión y preparar nuevos escenarios de colaboración.

5. Documentar la relación con la administración

La ley también refuerza la idea del tercer sector como interlocutor. Esto significa que las reuniones, aportaciones, espacios de participación y procesos de incidencia no deberían quedar solo en conversaciones o correos dispersos.

Una entidad puede empezar a registrar de forma sencilla su actividad institucional:

• reuniones con administraciones;
• participación en mesas y consejos;
• aportaciones a normativas o planes públicos;
• propuestas presentadas;
• alianzas con otras entidades;
• compromisos adquiridos;
• seguimiento de demandas o acuerdos.

Esta trazabilidad es muy útil para preparar memorias, informes internos, patronatos, asambleas y procesos de rendición de cuentas. También permite ver la incidencia como una línea de trabajo con impacto, no como una suma de acciones puntuales.

6. Preparar la entidad para participar mejor

El reconocimiento institucional del tercer sector puede abrir nuevos espacios de participación, pero participar bien exige preparación. No basta con asistir a reuniones. Hay que llevar información clara, propuestas trabajadas y datos que ayuden a defender las necesidades del colectivo atendido.

Las entidades que tengan mejor ordenada su información podrán tener más capacidad de incidencia. Podrán mostrar tendencias, necesidades emergentes, resultados, dificultades del servicio y propuestas de mejora con más solidez.

Esto es especialmente importante para entidades pequeñas y medianas, que a menudo hacen mucho trabajo pero tienen menos estructura para convertirlo en documentación, informes o argumentario público.

7. Hacer que la tecnología trabaje para la entidad

Este nuevo contexto no debería traducirse en más carga administrativa sin sentido. Al contrario: debería ser una oportunidad para revisar procesos y simplificar la gestión.

Una entidad social necesita herramientas que le permitan conectar proyectos, personas, documentos, indicadores, justificaciones, memorias y relación institucional sin duplicar trabajo. Si cada equipo registra la información en un lugar distinto, la trazabilidad se pierde. Si todo depende de hojas de cálculo inconexas, el análisis se complica. Si la documentación solo aparece cuando llega una justificación, la entidad trabaja siempre tarde.

La clave es ordenar la información desde el día a día, no reconstruirla al final.

Una ley como oportunidad de madurez organizativa

La nueva Ley del Tercer Sector puede leerse como un hito institucional, pero también como una invitación a profesionalizar la gestión de las entidades sociales sin perder su esencia.

Profesionalizar no significa alejarse de la misión. Significa cuidar mejor aquello que la entidad ya hace: documentar, medir, explicar, coordinar, justificar y aprender.

En un momento en que el tercer sector gana reconocimiento, también gana responsabilidad. Las entidades que sean capaces de explicar mejor su actividad, demostrar su impacto y ordenar su relación con la administración estarán más preparadas para defender su papel público.

En MIDUE trabajamos precisamente en esta dirección: ayudar a las entidades sociales a gestionar proyectos, indicadores, documentación y procesos con más claridad, sin añadir complejidad innecesaria. Porque cuando una entidad tiene mejor información, también tiene más capacidad para cuidar, incidir y transformar.

Cuando una entidad social se reúne con una administración, participa en una mesa sectorial, hace aportaciones a una normativa o defiende una necesidad de su colectivo, no está haciendo una actividad secundaria. Está haciendo incidencia. Y la incidencia, en el tercer sector, forma parte de la misión.

El problema es que muchas veces este trabajo queda poco documentado. Hay reuniones, correos, propuestas, contactos institucionales, conversaciones técnicas y acuerdos informales que son importantes, pero que no siempre acaban conectados con los proyectos, las personas responsables o los objetivos estratégicos de la entidad.

Esto puede parecer un detalle administrativo, pero no lo es. En un contexto donde se pide más transparencia, más rendición de cuentas y más trazabilidad, las entidades sociales necesitan poder explicar no solo qué hacen, sino también cómo defienden los intereses de las personas a las que acompañan.

La transparencia no debería ser solo una obligación formal

Cuando se habla de transparencia en el tercer sector, a menudo se piensa en publicar memorias, cuentas anuales, subvenciones recibidas o composición de los órganos de gobierno. Todo esto es necesario. Pero hay otra capa igual de importante: la transparencia sobre la incidencia y las relaciones institucionales.

Una entidad que participa en espacios de decisión pública debería poder responder preguntas muy concretas:

• ¿Con qué administraciones se ha reunido?
• ¿Por qué motivo?
• ¿Quién ha asistido en nombre de la entidad?
• ¿Qué documentos o propuestas se han presentado?
• ¿Qué compromisos se han asumido?
• ¿Qué seguimiento se ha hecho después?
• ¿Con qué proyecto, colectivo o línea estratégica está relacionado?

No se trata de burocratizar el trabajo social. Se trata de protegerlo. Cuando esta información queda ordenada, la entidad gana memoria, coherencia y capacidad para explicar mejor su aportación.

El riesgo de dejarlo todo en manos de personas concretas

Muchas entidades dependen mucho del conocimiento acumulado por direcciones, coordinaciones o equipos técnicos. Saben quién asistió a aquella reunión, qué se habló, qué documento se envió y qué respuesta quedó pendiente. Pero a menudo esta información vive en carpetas personales, buzones de correo o notas dispersas.

A corto plazo puede funcionar. A medio plazo es un riesgo.

Cuando hay cambios de equipo, crecimiento de la entidad, auditorías, justificaciones, alianzas o nuevas convocatorias, reconstruir este historial puede ser muy costoso. Y, más importante todavía, se pueden perder aprendizajes valiosos sobre qué ha funcionado, qué interlocutores han sido clave o qué demandas se han repetido a lo largo del tiempo.

Por eso, documentar la incidencia no es solo una cuestión de cumplimiento. También es una forma de construir conocimiento interno.

Una trazabilidad útil para el día a día

La clave es que el registro sea útil, no una carga más. Una entidad no necesita convertir cada conversación en un expediente infinito, pero sí establecer un mínimo común de información.

Por ejemplo, cada acción de incidencia podría quedar vinculada a:

• una fecha y un espacio de relación;
• una administración, organismo o red;
• una persona responsable;
• un objetivo o demanda concreta;
• un proyecto o área de la entidad;
• documentos presentados o recibidos;
• acuerdos, compromisos o próximos pasos;
• estado del seguimiento.

Este esquema permite ver la incidencia como una línea de trabajo continuada, no como una sucesión de reuniones inconexas.

También ayuda a preparar memorias, consejos rectores, patronatos, asambleas, planes estratégicos y justificaciones. Cuando la entidad puede mostrar con claridad cómo se ha relacionado con la administración y por qué, refuerza la confianza interna y externa.

La incidencia también genera impacto

No todo el impacto social pasa por una actividad directa con personas usuarias. A veces, el impacto llega cuando una entidad consigue que una administración entienda mejor una necesidad, adapte un programa, revise un criterio, abra una convocatoria o incorpore la voz de un colectivo vulnerable.

Este impacto es más difícil de medir, pero no por ello es menos importante.

Por eso conviene que las entidades empiecen a conectar su incidencia con indicadores propios: propuestas presentadas, espacios de participación, alianzas generadas, cambios conseguidos, demandas incorporadas o procesos abiertos. No para inflar resultados, sino para dar visibilidad a un trabajo que a menudo queda oculto.

Profesionalizar sin perder independencia

La relación con la administración forma parte de la realidad de muchas fundaciones, asociaciones, cooperativas sociales, centros especiales de empleo, empresas de inserción y residencias. Hay subvenciones, conciertos, convenios, mesas de trabajo, inspecciones, justificaciones y espacios de incidencia política o técnica.

Tener esta información bien ordenada no hace que la entidad sea menos social. La hace más sólida.

La confianza no se construye solo con buenas intenciones. Se construye con coherencia, datos, documentos y capacidad para explicar las decisiones. En este terreno, la tecnología puede ayudar mucho si está al servicio del equipo y no al revés.

En MIDUE creemos que el tercer sector necesita herramientas que ayuden a ordenar proyectos, indicadores, documentación, seguimiento y relaciones institucionales sin añadir complejidad innecesaria. Porque una entidad que documenta mejor también puede defender mejor su trabajo, su impacto y a las personas a las que acompaña.

La Convocatoria de Proyectos Sociales Catalunya 2026, impulsada por la Fundación "la Caixa", vuelve a poner sobre la mesa una realidad muy habitual en el tercer sector: cuando aparece una oportunidad de financiación, muchas entidades tienen que reaccionar rápido, ordenar información dispersa y convertir una necesidad social en un proyecto claro, justificable y viable.

Según recoge Xarxanet, la convocatoria se dirige a entidades sociales que desarrollan proyectos en Catalunya para mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad y fomentar la igualdad de oportunidades. El plazo de presentación va del 3 de septiembre al 1 de octubre de 2026, e incluye ámbitos como personas mayores, discapacidad, salud mental, pobreza, inclusión social, inserción sociolaboral, oportunidades educativas o recursos residenciales temporales.

Pero más allá de esta convocatoria concreta, la pregunta importante para muchas entidades es otra: ¿estamos preparadas para presentar un proyecto sólido cuando aparece una oportunidad así?

Del problema social al proyecto presentable

Una subvención no financia solo una buena intención. Normalmente pide concreción: qué problema se quiere abordar, a qué colectivo afecta, qué hará la entidad, con qué recursos, durante qué periodo y cómo demostrará que la actuación ha tenido sentido.

Aquí es donde muchas organizaciones encuentran dificultades. No porque no conozcan la realidad social, sino porque a menudo esa realidad está documentada de forma desigual: una parte vive en el conocimiento del equipo técnico, otra en informes internos, otra en hojas de cálculo y otra en la memoria anual.

Preparar bien una convocatoria significa transformar ese conocimiento en una propuesta ordenada. El proyecto debería responder, como mínimo, a cuatro preguntas:

• ¿Qué cambio queremos generar en las personas atendidas?
• ¿Qué actividades haremos para provocar ese cambio?
• ¿Qué recursos humanos, económicos y materiales necesitamos?
• ¿Cómo mediremos si hemos avanzado en la dirección correcta?

Si estas respuestas se construyen a última hora, el riesgo es acabar presentando proyectos correctos en la forma, pero débiles en coherencia.

Indicadores, presupuesto y justificación: el triángulo que debe estar conectado

Para una entidad social, una convocatoria no termina cuando se presenta la solicitud. Si el proyecto es aprobado, vendrán la ejecución, el seguimiento y la justificación. Por eso es importante que el relato, el presupuesto y los indicadores no vayan cada uno por su lado.

Un error habitual es definir actividades ambiciosas, presupuestarlas de forma demasiado genérica y después intentar justificarlas con indicadores que no capturan bien el trabajo realizado. Cuando esto ocurre, el equipo acaba dedicando muchas horas a reconstruir información que debería haberse previsto desde el inicio.

Una preparación más robusta pasa por vincular cada actividad con:

• un objetivo concreto;
• una partida presupuestaria clara;
• una persona o equipo responsable;
• un indicador de seguimiento;
• una evidencia que se podrá aportar después.

Este planteamiento no solo facilita la solicitud. También reduce tensión interna, mejora la coordinación entre administración y equipos técnicos, y hace que la justificación final sea menos pesada.

La oportunidad de profesionalizar sin perder la mirada social

El tercer sector vive a menudo una tensión complicada: tiene que responder a necesidades sociales urgentes, pero al mismo tiempo debe cumplir requisitos de planificación, trazabilidad y justificación cada vez más exigentes. La solución no es convertir las entidades en estructuras burocráticas, sino darles herramientas para que la gestión no robe energía a la intervención.

Tener información ordenada sobre proyectos, personas atendidas, actividades, indicadores y resultados permite llegar mejor a convocatorias como esta. También ayuda a tomar decisiones internas: qué programas funcionan mejor, qué recursos faltan, qué líneas tienen más impacto y qué alianzas pueden reforzar el trabajo de la entidad.

En este sentido, preparar una subvención es también una oportunidad para revisar cómo se está gestionando el conocimiento dentro de la organización.

Una buena convocatoria se prepara durante todo el año

La Convocatoria de Proyectos Sociales Catalunya 2026 es una oportunidad relevante para muchas entidades, pero también es un recordatorio: la financiación no se prepara solo cuando se abre el plazo. Se prepara durante el año, con datos actualizados, proyectos bien definidos, indicadores útiles y una visión clara del impacto que se quiere conseguir.

Para fundaciones, asociaciones, cooperativas sociales, centros especiales de empleo, empresas de inserción o residencias, esta preparación puede marcar la diferencia entre presentar una propuesta reactiva o una propuesta madura.

Si vuestra entidad quiere ordenar mejor proyectos, indicadores y justificaciones, en MIDUE podemos ayudaros a verlo de una forma práctica y adaptada a vuestro día a día.